La causa se investigó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.  La Opinión

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JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel, otros tantos de inhabilitación, una multa de 6.000 euros y una indemnización de 27.227 para el dueño de una céntrica discoteca marbellí, cuyas iniciales son J. F. A. G., por supuesto exceso de ruido afectando especialmente a Ignacio Rodrigo, vecino que habita en la plaza que acoge al local.

Según consta en la calificación de la Fiscalía, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, «J. F. A. G., administrador de una mercantil dueña de la discoteca, en beneficio propio, y pese a las quejas, denuncias y sanciones, emite ruido nocturno que impide el descanso de la vecindad». Regenta el establecimiento desde 2002.

Agentes de la Policía Local han levantado hasta cinco actas de infracción al local, la primera el 8 de abril de 2008 por «tener música a alto volumen con las puertas abiertas». En dos ocasiones, siempre según la Fiscalía, se escuchaba la música a 40 metros del local a las 5.55 horas.
Al mismo tiempo, un técnico de Industria del Ayuntamiento informó en relación a «aislamientos acústicos e inexistencia de equipos limitadores-controladores acústicos, en varias fechas». El 7 de junio de 2006, lo hizo por carecer presuntamente «de limitador de volumen y tener las puertas abiertas proyectando ruido al exterior». En julio de 2009, «sigue sin cumplir con el aislamiento exterior», reseña el acusador.

El Ayuntamiento de Marbella, debido a ello, ha desplegado una intensa actividad: visitó la discoteca el 7 de junio de 2006, y hace una propuesta de resolución: por carecer de equipos limitadores-controladores acústicos y tener las puertas abiertas. El 28 de diciembre de 2007 insta a la mejora del aislamiento externo del local; el 18 de julio de 2008 incoa un procedimiento para clausurar preventivamente el local. El 14 de mayo de 2009, «lo sanciona y advierte de cierre temporal».

El acusado, dice el fiscal en su relato, «viene infringiendo reiteradamente la Ordenanza sobre Emisión y Recepción de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento». Esa norma sitúa en 28 decibelios el límite máximo de recepción de ruidos en un dormitorio, y exige un límite de 90 en la pista de baile. Es imprescindible un limitador cuando hay equipos de música de elevada potencia como en una discoteca.

«La actividad lucrativa del acusado afecta a las viviendas de un edificio cercano, y directamente al segundo piso de éste, donde reside el perjudicado junto a su esposa. Sufre dolencias que se han visto agravadas por la imposibilidad de reposar y descansar», aclara. Padece un trastorno depresivo ansioso de larga duración «compatible con estrés acústico».

Denuncia tras denuncia

El perjudicado ha denunciado los hechos desde 2007 hasta hoy. El 11 de mayo de 2010, una medición del Consistorio obtuvo la cifra de 33 decibelios en el dormitorio del perjudicado, tres más del límite permitido, siempre en palabras del fiscal, «porque el acusado, en ocho años, no ha adoptado las medidas para controlar o eliminar la emisión de ruido por encima de los límites soportables».

La Fiscalía acusa al encausado de un presunto delito contra el medio ambiente por emisión de ruido con riesgo grave para la salud de las personas.

1ª.) La función de inspección no solamente consiste en pedir papeles a los establecimientos, sino que se realizará también mediante la inspección  directa de los establecimientos y la realización de pruebas técnicas, actuaciones que habrán de realizarse en el horario de realización de la actividad y en la hora de mayor intensidad del ruido, no a las once de la mañana.

2ª.) Las inspecciones no siempre deberán comunicarse al titular de la actividad, se prevé expresamente que cuando existan indicios de irregularidad o cuando la comprobación de los hechos o circunstancias lo requieran, se realizarán sin previo aviso.

3ª.) Existen una serie de medidas administrativas no sancionadoras que tienen por finalidad restablecer o asegurar la legalidad y no tienen carácter sancionador, no prejuzgan la responsabilidad administrativa de los sujetos a los que afecten, no necesitan para su adopción que se haya cometido una acción tipificada como infracción administrativa, ni que concurra culpa o dolo. Así lo dice la norma literalmente.

4ª.) Estas medidas podrán consistir en la prohibición de realizar actividades, suspensión de las que se estén realizando y el desalojo que conlleva, órdenes de corrección de deficiencias (prácticamente la única que se utiliza, la prohibición de acceder a establecimientos públicos y las órdenes para la adopción de precauciones especiales.

5ª.) Las medidas concretas a adoptar en cada caso, su concreta extensión o intensidad y, en su caso, duración, así como los medios para su ejecución o efectividad, deberán ser congruentes con los motivos que las originen y proporcionadas con los riesgos o perturbación que afronten.

6ª.) Cuando no exista otro medio de evitar el peligro, las medidas que se adopten podrán afectar a quienes legítimamente ejerciten sus derechos.

7ª.) Si se transmite la titularidad del establecimiento después de la adopción de estas medidas, corresponderá al nuevo titular el cumplimiento de las medidas correctoras acordadas.

8ª.) Cuando se de una orden de corrección de deficiencias deberá señalarse la actuación necesaria para su corrección o subsanación, no pudiendo dejarse su determinación a la voluntad del titular de la actividad.

9ª.) Cuando la imposición de multas no es suficiente o éstas no sean adecuadas para impedir el mantenimiento de los efectos de la infracción y corregir la voluntad del infractor, se podrán imponer sanciones accesorias como: suspensión de licencias hasta cinco años, clausura de los establecimientos durante el mismo período, inhabilitación para realizar la misma actividad en la que se cometió la infracción por un período de hasta tres años y revocación de las autorizaciones.

10ª.) La adopción de estas medidas es obligatoria cuando se produzca una perturbación grave de la tranquilidad de las personas y vecinos, así como cuando el establecimiento carezca o no tenga vigente el contrato de seguro obligatorio.

Ya saben, no están desprotegidos, sino que alguien los ha dejado en tal estado. Ante esta situación la única solución que les queda para recuperar la tranquilidad es reclamar, háganlo. Por ello no dejen que les convenzan que no hay solución para su problema, pues la hay. Sólo hace falta aplicar la ley. Y quien no lo haga podría estar cometiendo un delito.

2011 © Francisco Soler Luque
Abogado

Esta medida ha sido adoptada por primera vez en nuestro país por un Juzgado de Marbella, creando así un precedente y abriendo el camino a las que vengan detrás. Si hago énfasis en ello es para que Vds. constaten el hecho cierto que la lucha contra el ruido es eficaz y posibilita la obtención resultados efectivos para quien la emprende. No tienen porqué estar resignados a vivir insomnes, alterados y con una salud debilitada o quebrada. La medida cautelar acordada pone de manifiesto de esta manera que en el ordenamiento punitivo vigente existen las herramientas adecuadas para combatir la inobservancia o infracción de los derechos que tenemos reconocidos frente al ruido  y que el problema no es tanto la falta de instrumentos adecuados para reaccionar frente al problema o situación como su falta de utilización por interesados escépticos. En este caso la inactividad únicamente puede generar resignación frente a la fatalidad y frustración por el estado de cosas. Y cuando hablamos de ruidos que invaden nuestros más íntimos reductos, esta actitud convierte la vida diaria en una pesadilla frente a la que cual no cabe la queja. Es necesario por tanto sustituir la observación pasiva de la fatalidad por la intervención activa frente al atropello y la vulneración de los derechos fundamentales. De esta manera sustituiremos la frustración por el estado de cosas que se nos trata de imponer por la satisfacción del deber cumplido tanto frente a nosotros mismos como frente a los demás. Además haber puesto fin a los ruidos, claro.

2011 © Francisco Soler Luque
Abogado

Apagaban el limitador de sonido de madrugada.

laopinióndemalaga.es » Marbella

La discoteca se encuentra ubicada en Puerto Banús.
P. Sánchez

Marbella

Estos hechos se prolongan desde 1999 hasta hoy, y el Consistorio de la época no hizo nada por que se respetara la ley.

JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Málaga pide tres años de prisión para cada uno de los dueños de una discoteca de Marbella (un total de seis) por un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos con riesgo grave para la salud de las personas. Además, solicita indemnizaciones que suman más de 68.000 euros para los dos vecinos más afectados por estos hechos.

Según consta en la calificación, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, A. G. M. y A. M. Z. son administradores mancomunados de una mercantil que explota, a su vez, una discoteca ubicada en Puerto Banús que ha tenido diversas denominaciones.

Así, Fernando D. T. M., que habita en un apartamento ubicado en la parte superior del local, el 1 de marzo de 2008, a las 3.22 horas, realizó mediciones, «obteniendo niveles máximos de 38,4 decibelios, cuando el reglamento contra la Contaminación Acústica de Andalucía establece un límite de 30 decibelios». Para contrastarla, un técnico municipal midió a las 2.25 horas del sábado, 25 de abril de 2009, 41 decibelios en el dormitorio de Fernando.

«Ese día, como todos los demás, los imputados apagaron el limitador a la 1.57 horas, inutilizando voluntariamente el equipo controlador acústico, que, según la ley, tienen obligación de instalar y mantener en funcionamiento cuando los aparatos de reproducción musical podían amplificar hasta 95 decibelios de emisión». Además, han de adoptar medidas de insonorización para evitar que la emisión sonora al exterior supere los 60 decibelios y las «inmisiones» que lleguen a casa del vecino, no superen los 30 decibelios de noche.

En 1999, con el inicio de la actividad del establecimiento, comenzaron las denuncias de los vecinos ante el Consistorio marbellí, «continuando hasta hoy las molestias con la frecuencia de los fines de semana y fechas vacacionales por ubicarse en Puerto Banús, perturbando la tranquilidad y bienestar de los vecinos de pisos superiores», añade la acusación.

«El Ayuntamiento de Marbella de la época no desplegó actividad alguna contra el ruido, pese a la existencia de la Ordenanza sobre Emisión de Ruidos y Vibraciones y las normas protectoras del medio ambiente». La ordenanza municipal sitúa en 28 decibelios el límite máximo de recepción de ruidos en un dormitorio, y exige un límite de 90 en la pista de baile del local, amén de exigir un limitador que «los acusados apagaban a altas horas de la madrugada para no dejar constancia de sus incumplimientos».

La actividad «lucrativa» de los acusados afecta a una comunidad de propietarios y a Fernando D. T. M., que reside en la parte superior del local. A consecuencia de ello, éste sufre «un trastorno adaptativo, con predominio de alteraciones de otras emociones».

En el apartamento de al lado vive Justiniano L. B., que presenta «un cuadro ansioso con fenómenos evitativos y anticipatorios provocados probablemente por un trauma acústico prolongado que impide el descanso nocturno, estando durante el día con problemas de concentración, sensación de ruidos y cefaleas, así como alteración del estado de ánimo». Asimismo, causan «malestar general» al resto de vecinos ocasionales del edificio.

Además de la indemnización y los seis años de prisión, se enfrentan al pago de dos multas de 12.000 euros y a la inhabilitación de un trienio para realizar ese trabajo. La indemnización es conjunta y solidaria entre los acusados, y subsidiariamente podría pagarla la aseguradora.

Hasta este momento la batalla ha sido dura y larga, pero la importancia de la pena solicitada ha dado la primera satisfacción moral al denunciante, quien comienza a ver como los Tribunales de Justicia comienzan a darle la razón en una causa que todo el mundo daba por perdida de antemano, excepto él y su abogado. Esta satisfacción será completa cuando el Juzgado correspondiente dicte sentencia en la que se recoja la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, así como la pena de dos años que solicita la acusación particular por la comisión además de un delito de lesiones debido a la consumación del perjuicio para su salud que dicha situación le ha reparado.

Hay que tener en cuenta que la maquinaria de la Justicia es pesada y a veces lenta, pero no debemos olvidar que una vez puesta en marcha es implacable en el cumplimiento de la función de reparadora de las injusticias que tiene asignada si se sabe utilizar.

2011 © Francisco Soler Luque
Abogado

Hemos dado un paso más en el desarrollo de nuestra estrategia de especialización al establecer una nueva área: la Penal-Administrativa. Ésta surge de la experiencia adquirida en la defensa contra la contaminación acústica y de la realidad constatada de una demanda de servicios de asesoramiento y defensa frente a las prácticas ilegales y abusivas de las Administraciones Públicas. Esta nueva área está enfocada tanto a las demandas de servicios de los particulares como de las empresas. El servicio se ofrece en una etapa inicial en Andalucía, para después extenderse a toda España.

Dicha área de servicios no es más que la puesta en práctica de nuestra máxima: satisfacer la demanda de nuestros clientes y a la vez servir a la sociedad donde vivimos. Para ello buscamos asociar profesionales colaboradores en esta área. Requerimos un profundo conocimiento de Derecho Público: Constitucional y Administrativo y un conocimiento amplio del Derecho Penal. Se valorará experiencia en Derecho Civil y Mercantil. Experiencia mínima de dos años. Compromiso y dedicación.

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2011 © Francisco Soler Luque
Abogado

Tras disolverse el de la Merced, los botellones se dispersaron por otros puntos del Centro. :: Á. CABRERA

20.08.11 – 02:09 – E. P. / G. M. | MÁLAGA.

Vecinos y comerciantes han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga por la realización de «un gran botellón» en el entorno de la calle Císter desde el pasado 13 de agosto, día en el que comenzó la Feria.

Los denunciantes afirman que la reunión de jóvenes -algunos menores de edad- para beber alcohol comienza a las 15.00 horas, prorrogándose hasta la madrugada, y que mantienen esta actitud pese a «haber formulado ya quejas en años anteriores». De hecho, han criticado «la pasividad y la inactividad del Ayuntamiento», lo que les ha obligado a acudir a la vía judicial.

En la denuncia, los vecinos aseguran haber telefoneado «de forma insistente a la Policía Local y a la Nacional, sin que se haya observado actuación para impedir el botellón o disolverlo, pese a que resulta evidente y patente que la mayoría son menores». Los denunciantes indican que este pasado miércoles «unos pocos efectivos policiales» intentaron disolver el botellón, pero algunos de ellos resultaron heridos, viéndose «obligados» a «abandonar la intervención por ser un número insuficiente y por falta de medios debido a la crisis», según dicen que les comunicó la policía.

«Los jóvenes vienen provistos de bolsas de conocidos supermercados llenas de alcohol y refrescos y orinan en la puerta de los negocios y de los portales de tal forma y abundancia que obligan a cerrar e, incluso, a realizar tareas de limpieza, produciendo olores insoportables que perjudican a los negocios y que se introduce en las viviendas», manifiestan en la denuncia.

Según señalan, «cuando los infractores de esta norma han sido objeto de llamada de atención o comprueban que se están realizando fotografías y telefoneando, vociferan insultos contra los vecinos, llegando a tirar objetos a los balcones y a amenazar». Además «restaurantes y bares han sido amenazados por los jóvenes al no permitirles entrar en los servicios».

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Julio Andrade, si bien ha reconocido que los vecinos tienen razón en sus quejas, ha negado pasividad por parte del consistorio. Mantiene que tras la disolución de macrobotellón de la Merced, el sábado, los jóvenes se dispersaron por diferentes zonas y una de ellas fue el entorno de Císter. Así, el pasado miércoles y tras la denuncia de los vecinos, efectivos policiales acudieron a la zona, «pero comenzaron a volar objetos y los mandos decidieron retirarse para evitar cargar contra los jóvenes». No obstante y según el edil, «al día siguiente se reforzó la presencia policial y el botellón desapareció». Andrade indicó que «lo que ocurrió allí no es más que lo que ha ocurrido en otras calles». En este sentido aseguró que la solución a lo que está ocurriendo «no puede ser únicamente policial».

De los 575 establecimientos revisados por los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento, casi 200 han sido denunciados bien por carecer de licencia o porque se han excedido en el número de mesas

C. Rodríguez / Granada | Actualizado 12.08.2011 – 01:00

La proliferación de veladores se ha multiplicado en la ciudad debido, entre otras razones, a la Ley Antitabaco.

Los agentes tienen sectorizadas las terrazas por distritos.

Evitar que los espacios públicos de la ciudad se conviertan en una terraza gigante es tarea del grupo de Medio Ambiente de la Policía Local. Durante los meses de verano, esta patrulla (también conocida como la patrulla verde) es la encargada de velar por el cumplimiento del llamado plan de inspección de terrazas. Un plan que se ha visto desbordado desde que entró en vigor la llamada Ley Antitabaco y los establecimientos pidieran permiso de forma masiva para instalar mesas al aire libre.

Los agentes medioambientales (a los que también se han tenido que sumar como refuerzo las patrullas de barrio) tienen que controlar 1.044 terrazas distribuidas por todos los distritros. Pues bien, según la responsable del ramo, Telesfora Ruiz, en poco más de un mes -desde que comenzara la temporada de verano- de las 575 terrazas que llevan ya inspeccionadas, se han formulado denuncias a 181.

Según los agentes, los motivos se repiten y la mayoría son coincidentes. “Gran parte de estas denuncias se deben bien porque los bares han instalado el velador sin tener licencia o porque se han excedido en sus concesiones, es decir, han puesto más mesas de la cuenta”.

Telesfora Ruiz señala que no pueden ser permisivos en este tema porque las terrazas y el ruido que ellas conllevan (tanto por los camareros como clientes) chocan en ocasiones con el derecho al descanso de los vecinos que viven cerca, por eso “el que tengan sus mesas pertinentes y sus papeles en regla es fundamental”.

Los establecimientos que tengan velador deben contar con la licencia de apertura en vigor; un seguro de responsabilidad civil y la autorización de vía pública (tanto para los espacios públicos como para los privados, caso de que la terraza esté en una urbanización). Aquellos que no los tengan se enfrentan a diferentes sanciones que van desde leves a muy graves pero que, en cualquier caso, oscilan desde los 150 euros a los 3.000.

De todas maneras, a la Patrulla de Medio Ambiente se le multiplica el trabajo y no sólo se está afanando en el control de terrazas. A su cargo están las inspecciones relacionadas con ruidos, climatización de los locales, revisión de las instalaciones de los mismos; cumplimiento de los horarios de apertura y cierre o la venta de alcohol a deshoras.

En este sentido, los policías han realizado 3.448 inspecciones y seguimientos en diferentes locales de ocio y venta de la ciudad y la campaña se ha cerrado con 83 denuncias y 104 clausuras de establecimientos. Telesfora Ruiz subraya que estos cierres no tienen porqué ser definitivos y si los propietarios de los locales solventan los problemas se pide su reapertura, “algo que ha ocurrido en 73 de los casos denunciados”.

En este tipo de inspecciones proliferan los locales conocidos como tiendas de los chinos. Tiendas que venden de todo y a todas horas “y que hay que tener muy controladas no sólo por los horarios de apertura”. La venta de alcohol a menores y el no tener las condiciones mínimas de salubridad en un establecimiento que se venden productos alimenticios son dos las causas por las que la Policía Local han bajado las persianas de muchas de estas tiendas.

http://www.lne.es/ultima/2011/07/31/

Lne.es » Avilés

Salinas, Inés MONTES

Los vecinos afectados por los ruidos del bar La Luna en Salinas han pedido al Ayuntamiento de Castrillón que imponga a la sociedad que gestiona el establecimiento hostelero la sanción máxima por incurrir en una falta muy grave, al estar abierto el pub sin la licencia municipal pertinente. La comunidad de propietarios del edificio «Gauzón I» de la calle Pablo Laloux de la localidad castrillonense sostiene que la multa impuesta por el Ayuntamiento de 6.000 euros «está por debajo del límite legal».

Una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a cerrar el bar hace un año. Asimismo, en el fallo judicial el juez pedía la incoación de un expediente sancionador que el Ayuntamiento, según explicaron ayer los vecinos, ha resuelto imponiendo a la sociedad Café of The Sea, S.L., una multa de 6.000 euros cuando la prevista en la ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas oscila entre los 6.010 y los 60.101 euros.

Los vecinos han presentado un escrito de alegaciones en el Ayuntamiento en el que afirman que «los perjuicios causados por la explotación ilegal del local se han venido produciendo de forma intencionada y reiterada, sin que a pesar de conocer perfectamente la Corporación de Castrillón la delicado situación que atravesaban los afectados, decidiera acabar con la continuada vulnerabilidad de la legalidad».

Asimismo, los vecinos se oponen a la concesión de la licencia solicitada el pasado mes de febrero por la empresa que gestionaba La Luna. La comunidad de propietarios manifestó que «el propietario y arrendador del local ya le ha comunicado a Café of The Sea, S.L., como sabe la Corporación castrillonense, que no continuará la relación contractual que les une si la sociedad persiste en el desarrollo de una actividad no solo prohibida por el contrato, sino por los estatutos de la comunidad de propietarios del edificio».

Los vecinos del «Gauzón I» presentaron un recurso contencioso administrativo en 2006, tras agotar las reclamaciones en el Ayuntamiento de Castrillón, sin que la Corporación atendiera sus quejas.

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Actualizaron el monto de la multa que deberán pagar quienes conduzcan en estado de ebriedad.

Cuando se produjo el debate por el Código de Nocturnidad, concejales y jueces de Faltas advirtieron la necesidad de impulsar además un proyecto de ordenanza que permita actualizar el monto de ciertas multas. La iniciativa fue aprobada durante la sesión del jueves y establece un fuerte aumento de penas para infracciones sobre basura, ruidos molestos, venta de alcohol a menores y conducir en estado de ebriedad.

Este tipo de infracciones supondrá un castigo económico de 750 pesos como mínimo (150 litros de nafta súper) y de 7.500 pesos como máximo (1.500 litros de nafta súper). Asimismo se modificó el artículo 1 de la Ordenanza Nº 4300. Lo que representa que ante secuestros, clausuras, decomisos y paralización de obras, como así también ante ruidos molestos, arrojar basura fuera de los lugares permitidos, la venta de bebidas alcohólicas a menores o conducir alcoholizado, el infractor no podrá optar por realizar el pago voluntario del mínimo establecido que lo beneficiaba con un 50 por ciento de descuento.

“El objetivo de esta ordenanza no es la de mejorar la recaudación, y prueba de ello es que los jueces de Faltas pueden sancionar a los infractores con trabajo comunitario”, sostuvo el edil Agustín Payes, autor del proyecto, que además resaltó que el propósito principal fue dar una clara señal de parte del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la Justicia de Faltas que consideran “política de estado” atender problemas que son acuciantes para la vida en la ciudad y generan la mayoría de los reclamos de los vecinos.

En concreto se modificó el artículo 25 de la Ordenanza N° 2081, y ahora las personas que arrojen o depositen desperdicios, residuos, aguas servidas o enseres domésticos en la vía pública, baldíos, casas abandonadas, deberán pagar una multa de entre 150 a 1.500 litros de nafta súper. Asimismo se modificó el artículo 29 de la Ordenanza N° 2081. Lo que significará que los vecinos que causen ruidos molestos tendrán que afrontar sanciones de 300 a 1.500 litros de nafta súper (es decir, 1.500 a 7.500 pesos).

La normativa también realiza un aporte al artículo 2 de la Ordenanza Nº 5124. El mismo establece que las transgresiones a la presente ordenanza traerán aparejada sin perjuicio de otras sanciones más graves, la clausura del local donde se produjo el incumplimiento de conformidad a las siguientes escalas: de 100 a 300 litros de nafta súper más 20 días de clausura, de 300 a 600 litros de nafta súper más 30 días en la primera reincidencia, y de 600 a 1.200 litros de nafta súper más clausura definitiva del local y la revocación de la habilitación comercial y cuando la falta sea grave o reiterada se podrá también revocar la licencia para venta de bebidas alcohólicas.